La Ley de Dependencia, cumple 17 años desde su implementación. Podemos afirmar, desde Asistenzia, que ha sido un pilar fundamental para más de 1,5 millones de personas en España que requieren apoyos para realizar actividades básicas diarias. A pesar de los avances y la máxima financiación alcanzada con el Plan de Choque en Dependencia en 2021, persisten desafíos y desigualdades en su aplicación entre las comunidades autónomas.

Desafíos Actuales

Según el análisis del Observatorio Estatal para la Dependencia, más de 310.000 personas esperan atención. El recorrido de la ley ha sido complejo, con etapas de recortes entre el 2012 y 2015, seguido de una fase de recuperación que se ralentizó en 2019 y se frenó con la pandemia en 2020.

Desigualdades Territoriales y Acceso al Sistema

La desigualdad territorial persiste en el acceso al sistema, así como en las listas de espera para dependientes reconocidos y esperando atención. El presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez, destaca que es necesario abordar esta desigualdad y el esfuerzo financiero público desigual entre las comunidades autónomas.

Cifras que Reflejan la Realidad

Las cifras actuales de la dependencia en España son impactantes: 1.563.108 personas tienen reconocida la situación de dependencia. Sin embargo, más de 310.000 personas esperan atención, ya sea porque aún no se ha valorado su situación o porque tienen el derecho reconocido pero no reciben atención.

Aumento de las aportaciones

Aunque se ha observado un incremento de 3.644 millones de euros en la aportación estatal en los últimos tres años con el Plan de Choque, la financiación se redujo en diez comunidades, generando preocupaciones sobre la equidad en la inversión. Además, los tiempos de tramitación promedio son de 323 días, y en algunas comunidades, como Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia, superan los 12 meses.

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A pesar de los 17 años de la Ley de Dependencia en España, los desafíos persisten, y la urgencia de abordarlos es más evidente que nunca. La equidad en el acceso al sistema, la reducción de las listas de espera y la mejora en los tiempos de tramitación son esenciales para garantizar que las personas en situación de dependencia reciban la atención necesaria y merecida.